Qué es la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación...

El proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (descargar texto completo) es parte de las reformas legislativas que comenzaron con la promulgación de la LGE. Este proyecto de ley -que actualmente se discute en el Congreso con carácter de suma urgencia- es un importante instrumento para asegurar que todos los niños de Chile tengan una educación de calidad, pues tendrá la función de asegurar que todos los establecimientos educacionales -tanto de educación parvularia como de básica y media- cumplan con los estándares de enseñanza.

Para esto se crearán dos organismos:

1. La Superintendencia de Educación la cual estará a cargo de fiscalizar que el curriculum dictado por el Ministerio de Educación sea el adecuado. Otra de las funciones que tendrá efectos directamente en los padres es que la superintendencia tiene las facultades para absolver consultas, investigar denuncias y resolver reclamos que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten, es decir recibirá los reclamos que los padres tengan con respecto a la educación de su hijo, el establecimiento, los sostenedores, etc. Por último y no menos importante, estará a cargo de la fiscalización del uso de los recursos.
2. La Agencia de la Calidad de la Educación quien será la encargada de evaluar y orientar a establecimientos y sostenedores para el mejoramiento de la calidad de la educación. Por ejemplo, hará seguimiento y acompañamiento a las escuelas para que mejoren sus estándares educativos.  Además será la encargada de realizar evaluaciones no tan sólo de los aprendizajes de los niños sino también realizar evaluaciones del desempeño de los sostenedores, de los docentes y sus directivos en base a los estándares indicativos y hará públicos estos resultados.

Además la Agencia estará encargada de clasificar a los establecimientos según estándares de calidad existiendo la posibilidad de que si un colegio está mal calificado y no mejora los estándares dentro de un determinado tiempo la Superintendencia tendrá el derecho de cerrar ese establecimiento.

En suma, el proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la educación va en el espíritu correcto pues presiona al sistema de educación a enfocarse en los logros educativos y así mejorar la calidad. A pesar de lo anterior, Educación 2020 ha estudiando este proyecto de Ley en profundidad y considera que necesita ciertas modificaciones antes de ser promulgado.

Modificaciones sugeridas por Educación 2020 al Proyecto de Ley

A continuación, un resumen de los comentarios y cambios que queremos que se incorporen en la Ley de Aseguramiento de la Calidad para que cumpla su objetivo de mejor manera (la versión completa de este documento pueden descargarla aquí ).

 

1

El proyecto arriesga que la relación entre las distintas instituciones educacionales que considera sea descoordinada. Esto podría ir en desmedro del orden de gastos y provocaría descoordinaciones operativas en la fiscalización. Además provocaría que a las escuelas les cueste entenderse con demasiados actores, desviando gran parte de su tiempo hacia funciones administrativas.

 

2

No considera la figura del director. Es urgente empoderar a los directores de escuela, darles más atribuciones y responsabilidades. En la medida en que se avance hacia un número cada vez mayor de directores de gran nivel y certificados, resulta indispensable que éstos tengan las facultades necesarias para poder decidir en materia del desempeño de su escuela, sus programas de mejoramiento y la calidad de la misma.

 

3

La labor de la Agencia debiera ampliarse para atender temas fundamentales que aseguren la calidad educativa, especialmente, la revisión de los sistemas de acreditación de carreras pedagógicas y la calidad de los entes que proporcionarán asistencia técnica pedagógica a la escuela.

4

No es posible que el Ministerio continúe teniendo un rol de evaluación y a la vez de levantamiento de programas (Art. 112). La evaluación de programas debe quedar en manos de la Agencia de Calidad y Superintendencia.

5

El proyecto dice (Art. 13) que los establecimientos serán clasificados en categorías de desempeño, según los resultados de aprendizaje de los alumnos y en función del grado de cumplimiento de estándares de aprendizaje. Sin embargo, es indispensable considerar las distinciones entre establecimientos rurales y urbanos, por tamaño, porcentaje de vulnerabilidad, proyecto educativo y valórico, etc. Es preocupante que se vuelva a caer en el paradigma del Simce como sinónimo de calidad educativa.

6

No está definido el origen de los recursos con que, en caso de sanción de la Superintendencia, el sancionado pagará la multa. Se debe asegurar que la sanción no recaiga sobre la subvención que es un recurso que le pertenece al niño.

7

El proyecto no le otorga roles suficientes a los padres y apoderados. Por ejemplo, en el caso de los establecimientos particulares pagados, la evaluación por parte de la Superintendencia será posible sólo si el establecimiento lo solicita. Proponemos que la evaluación sea obligatoria para todos los establecimientos y que, al menos en los particulares, los padres puedan solicitarla.

8

Del texto del proyecto se deduce (Art 19) que una vez que un establecimiento ha sido clasificado con Buen Desempeño, volverá a ser evaluado sólo si el sostenedor así lo solicita. Es preciso que el establecimiento se someta a evaluaciones regulares, aunque sea en plazos mayores, pues nada garantiza que con los años el establecimiento siga manteniendo su nivel (error que se cometió con la certificación de los jardines infantiles).

9

El proyecto debiera fortalecer y dar mayor prioridad al apoyo técnico- pedagógico a las escuelas, por sobre el control y fiscalización. Además no establece quiénes serán  los responsables de prestar ese servicio. La ley debería ser restrictiva en este punto: sólo entes altamente capacitados y que permanezcan en el tiempo deberían ser quienes efectúen esta tarea.

10

El proyecto explicita que, previa resolución de sospechas fundadas, la Superintendencia podrá realizar auditorías, o requerir, a petición del sostenedor, una auditoría externa cuya elección y financiamiento corresponde al sostenedor. Es decir, la institución que llevará a cabo la fiscalización será elegida, contratada y financiada por el mismo sostenedor, lo que podría dar lugar a un conflicto de interés.

11

Este proyecto modifica elementos esenciales de la Ley SEP. No queda claro cómo convivirán ambas leyes.

12

Hay un origen poco claro de los recursos para los planes de mejoramiento educativo (Art. 22). El plan debe explicitar, entre otras cosas, los recursos asociados a él, pero no señala cuál será su origen.

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